Policías ante la diversidad

Es necesario formar y concienciar a quienes forman parte de los cuerpos policiales respecto a lo diversa que es actualmente la población española: más del 10% es población extranjera residente, entre un 5 y un 10% es población LGTBI, aproximadamente el 9% son personas con discapacidad, la mayoría de personas en riesgo de exclusión social son mujeres, el 25% de la población es no creyente, atea o de religiones distintas al catolicismo.

El propio Instituto Nacional de Administración Pública identifica como uno de los desafíos pendientes la formación y capacitación de los empleados públicos en materia de igualdad y no discriminación, así como mejorar la gestión de la diversidad de la ciudadanía en los servicios públicos, y la gestión interna de las propias Administraciones Públicas.

Ciertamente resulta muy importante formar a los funcionarios policiales en esta materia, pero no es menos relevante la necesidad de generar en ellos una sensibilización ante la diversidad, para lo cual podrían organizarse encuentros o jornadas de convivencia, al objeto de compartir experiencias y lograr la necesaria empatía, porque la sensibilización es imprescindible para romper prejuicios y estereotipos.

En todos los cuerpos policiales españoles deberían implantarse protocolos y planes internos relacionados con la no discriminación. Es cierto que en la mayoría de ellos existen políticas de igualdad de género, e incluso alguna de atención a la discapacidad, pero no suelen desarrollarse otras políticas dirigidas a minorías étnicas, raciales, envejecimiento de las plantillas o diversidad sexual.

Lograr unos servicios públicos policiales inclusivos pasa por habilitar sistemas de traducción a quienes interactúan con los agentes para realizar trámites, formular denuncias o por detenciones, a ser posible complementados con una mediación intercultural. Pero además también debería prestarse atención a la comunicación corporativa inclusiva, porque actualmente todos los cuerpos policiales españoles interactúan con la ciudadanía a través de distintas redes sociales y aplicaciones, a pesar de lo cual no suelen tener en cuenta en sus mensajes, campañas e imágenes la diversidad y la inclusión.

Si bien es cierto que desde hace años existe un ‘Protocolo de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación’, sin embargo la realidad es que la mayoría de los agentes apenas recibe formación, capacitación y sensibilización en esta materia. Son loables los esfuerzos de la Secretaría de Estado de Seguridad, y especialmente de la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio, para dotar a los cuerpos policiales de un completo y detallado protocolo de actuación, pero de poco sirve si no va acompañado de las necesarias acciones formativas e informativas, porque lo cierto es que una gran parte de los agentes ni siquiera conocen el contenido de dicho protocolo.

Y ello a pesar de que en el propio documento se expone que “los cuerpos policiales deberán realizar la máxima difusión, entre todos los componentes de la Institución policial, del presente protocolo, así como incluir dentro de sus planes de formación aquellos aspectos que son desarrollados en el mismo”. Y algo similar ocurre con el ‘Manual de apoyo para la formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la identificación y registro de incidentes racistas o xenófobos’, editado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en colaboración con el Ministerio del Interior.

En el protocolo de actuación para los delitos de odio y conductas discriminatorias no solo se abordan cuestiones tan relevantes como las fases de la actuación policial (primeras diligencias, responsables, testigos, etc.) y los indicadores de delitos de odio, sino también algo tan relevante, y a lo que a menudo se presta poca atención, como es la atención, protección y orientación a las víctimas. No en vano, una Directiva del Parlamento Europeo establece que “las víctimas de los delitos de odio deben ser reconocidas y tratadas de manera respetuosa, sensible y profesional, y tienen derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y la participación activa, sin discriminación de ningún tipo”.

Con estas víctimas se debe actuar de forma prudente, respetando su privacidad e intimidad, generando un ambiente de confianza, permitiendo su acompañamiento, evitando la victimización secundaria, informándoles adecuadamente, facilitando su asesoramiento y habilitando las medidas de protección necesarias.

En definitiva, cabe concluir que durante los últimos años se están produciendo algunos avances, pero aún queda mucho por hacer en los cuerpos policiales españoles respecto a la gestión de la diversidad, tanto internamente como hacia la ciudadanía. Aquí se han apuntado algunas de las medidas y acciones que se deberían adoptar en esa dirección, pero sin duda habrá otras incluso más eficaces.